Termina Caso Cuevana en Chile: imputado dará charlas de Propiedad Intelectual y no podrá ingresar al website

La arista chilena del caso del sitio web argentino Cuevana, ha llegado a su fin mediante la suspensión condicional del procedimiento seguido en contra de Christian Alvarez, formalizado el 14 de marzo por infracción a la ley de propiedad intelectual, quedando en aquella ocasión en libertad.

El proceso se inició por denuncia de HBO que buscaba dar con el paradero de los nueve administradores en Latinoamérica del sitio de internet de películas online. Ocho de ellos fueron detenidos en argentina. En Chile, el 13 de marzo, Alvarez fue detenido por la PDI acusado de subir películas al sitio web argentino. En esa oportunidad, la Brigada Investigadora de Delitos contra la Propiedad Intelectual (Bridep) incautó desde su domicilio en Pudahuel 198 películas, dos discos duros y un notebook.

La Suspensión Condicional del Procedimiento es una salida alternativa contemplada en el proceso penal chileno que permite a los fiscales del Ministerio Público, con el acuerdo del imputado y con la aprobación del juez de garantía, dar término anticipado al procedimiento si se cumplen ciertos requisitos legales y se satisfacen dentro de un plazo determinado las condiciones establecidas por el juez. Los requisitos son: que la pena que pueda imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no exceda de tres años de privación de libertad y que el imputado no hubiere sido anteriormente condenado por crimen o simple delito.

Cumplidos estos dos requisitos, el Juez de Garantía debe establecer las condiciones (que pueden ser una o más) a que deberá someterse el imputado, las que aparecen señaladas en el artículo 238 del Código Procesal Penal, y son: residir o no en un lugar determinado; abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas; someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza; tener o ejercer un trabajo, oficio, profesión o empleo o asistir a algún programa educacional o de capacitación; pagar una determinada suma, a título de indemnización de perjuicios, a favor de la víctima; acudir periódicamente ante el ministerio público y fijar domicilio, informar al ministerio público de cualquier cambio del mismo y otra condición que resulte adecuada en consideración con las circunstancias del caso concreto de que se tratare y fuere propuesta, fundadamente, por el Ministerio Público [que ha sido la hipótesis legal usada en este caso]. El cumplimiento de estas condiciones lo será por el plazo que el Juez determine, no pudiendo ser inferior a un año ni superior a tres y no impedirá de modo alguno el derecho a perseguir por la vía civil las responsabilidades pecuniarias derivadas del mismo hecho (art. 237).

Mediante la aplicación de este mecanismo la resolución del Primer Juzgado de Garantía de Santiago impuso a Alvarez  las siguientes condiciones: obligación de destruir el material audiovisual, prohibición de acceder al sitio web Cuevana como usuario y como administrador y, además, le ordenó efectuar dos charlas sobre propiedad intelectual y arte en colegios de Pudahuel. Esta resolución (apelable) es revocable en caso de incumplimiento.

Sobre la última condición impuesta Alvarez sostuvo que “mi intención será tratar de demostrar a los niños y jóvenes que puedan escuchar la importancia de la libertad de información en internet y cómo ocupar la legislación vigente en favor del usuario y no de las compañías”. Y sobre la resolución en general expresó que “la Ley de Propiedad Intelectual chilena trata de otorgarles beneficios tanto a las grandes compañías como a los ciudadanos, y se quiere mostrar como que fuera sólo restrictiva. Mi intención es tratar de mostrar las posibilidades para hacer cosas dentro del marco legal”. 

El ex operador del sitio web manifestó también que, pese a aceptar la resolución del tribunal, no considera que esto tenga un efecto disuasivo: “En caso de que yo hubiera cometido un delito, se me condena a mí, pero no impide que se siga con esta práctica a nivel social”.

HBO por su parte, a través de su abogado chileno Rodrigo León (Estudio Silva & Cía.), sostuvo que “es el primer caso en América Latina en que a alguien se le prohíbe acceder a un sitio web”, agregando que “aceptamos las condiciones porque constituyen una señal clara de la posición nuestra. Esto no quita que si él no cumple con las condiciones de la suspensión condicional, podamos ir de nuevo al Ministerio Público”. 

El epílogo, en tanto, es que Cuevana, el sitio web centro del litigio sigue hasta hoy operando normalmente.

Fuentes:  http://diario.latercera.com/http://www.elnuevodiario.com.ni