El fenómeno de las criptomonedas -basadas en la tecnología subyacente de la blockchain o "cadena de bloques"- está en una etapa crítica porque los Estados han comenzado a aplicar medidas tendientes a su regulación, más o menos restrictivas según el mercado respectivo.
Desde la aparición de esta clase de instrumentos digitales basados en la encriptación (cuya naturaleza jurídica es una definición en desarrollo) han surgido métodos de levantamiento de capital vinculados a sus propiedades tecnológicas. Uno de esos métodos, que combina el crowdfunding con las criptomonedas, son las llamadas ICOs (Initial Coin Offering: Oferta inicial de moneda) o Token Sales (venta de tokens) consistentes en la emisión de una criptomoneda o criptodivisa, ligada a un proyecto determinado, mediante el uso de la "cadena de bloques" como medio de control de las transacciones.
Este modelo es similar a la emisión de acciones (IPO), aunque, en vez de acciones, el inversor recibe "tokens" o "monedas virtuales" que simbolizan digitalmente una cuota de interés en el dominio del proyecto. Este token, en la práctica, es un certificado encriptado de acciones virtuales de la compañía emisora que, en el futuro, pueden tener valor real apreciado (o depreciado) según el destino del proyecto. Este modelo ha logrado recaudar 1.333 millones de euros en el último año y está generando un mercado muy dinámico que llamó la atención de las instituciones financieras tradicionales y de los entes regulatorios estatales.
En Estados Unidos, a fines del mes de Julio recién pasado, la Securities and Exchange Commission (SEC), organismo encargado de fiscalizar los mercados financieros de Estados Unidos, calificó a las criptomonedas como securities (activos financieros) e informó que las nuevas emisiones deberán estar sujetas a las regulaciones vigentes, las cuales serían similares a las que se exigen para cualquier salida a bolsa.
En Asia, la Comisión para la Regulación de los Mercados de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) informó la intención de regular este mercado y China, por su parte, anunció su prohibición por ilegales, y ordenó la devolución de los fondos recaudados por este mecanismo.
Para prohibir esta forma de financiamiento el Banco Popular Chino (Banco Central) se ha hecho cargo de la naturaleza de los títulos de propiedad (token) emitidos en actividades de financiación, de la financiación ilegal en la libre emisión de bonos sin regulación, el fortalecimiento de plataformas de financiación y gestión de negociación de monedas virtuales, de las instituciones financieras no bancarias y las entidades de pago inhibidas de ejercer operaciones ICO, del riesgo para el público y el fortalecimiento de las instituciones de autorregulación del sector.
El efecto en el mercado de estas medidas regulatorias restrictivas fue la caída en el precio de las criptomonedas (como Bitcoin y Ethereum) y el cierre, al menos en China de más de cuarenta plataformas ICO.
No obstante, no todo son noticias regulatorias restrictivas. En Canadá, la Autorite des Marches Financiers (AMF) del Quebec está analizando con buenos ojos todo el potencial de estos instrumentos basados en la tecnología blockchain con el fin de darle un encuadre inclusivo dentro del sistema de financiamiento de empresa, con protección a los inversores, aunque con mayor flexibilidad y menos exigencias que para el mercado tradicional fintech. Es el mismo camino que ha tomado la Canadian Securities Administration (CSA).
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